Carta Abierta nº 11: CARTA DE LA IGUALDAD
I
El triunfo de Cristina
Fernández de Kirchner en las elecciones del 23 de octubre con el 54% de los
votos expresa la voluntad popular por la profundización de los cambios. En esa
decisión de millones de personas se vislumbra la apuesta por una política
transformadora, perseverante en su irreverencia frente al orden establecido. En
su seno, conjurando la totemización del mercado, rescatando voces antiguas de
la fragua popular e intentando frente a ellas nuevas formas de lo político,
late incipiente la otrora desterrada utopía de la Igualdad. Es acompañada por
la validación de un tipo de gobernabilidad que no puede concebirse por fuera de
la recreación incesante de lazos constitutivos con una sociedad activa,
heterogénea y abierta
–lazos que se asientan en una mirada no complaciente del
itinerario nacional: las convicciones deben atravesar los grandes portales de
la vasta institucionalidad estatal y permear sus capas y contornos, se dijo,
con recreaciones a que asistimos hoy, en 2003-, y el impulso hacia un extendido
compromiso militante que tiene en el entrecruzamiento generacional y la
convocatoria activa de la juventud una de sus dimensiones más notables. Los
argumentos simplistas de la gran prensa -voto conservador, el consumo, la oposición
inexpresiva- son velos que ocultan otros destellos resultantes de ocho años de
continuidad que también sostuvieron el 54%. El humor social, la recuperación de
valores que parecían perdidos, la identidad como pueblo, la confianza en un
liderazgo, el compromiso creciente en capas de la sociedad para participar en
lo público, la perspectiva y esperanza en un horizonte, un cierto
futuro.
Recordemos que apenas una década
ha transcurrido desde las jornadas de movilización popular del 2001, cuando en
las calles se sancionó la derrota política -y comenzó el retroceso cultural- de
un modelo económico centrado en el capital financiero y un modo de gobierno
consistente en la mera administración de lo ya dado. Fueron días de indignación
y luchas callejeras que hicieron visibles y generales otros combates, los que
venían sosteniendo organizaciones diversas desde mediados de los años ‘90. Y si
aquellas habían crecido en la resistencia creando formas nuevas para la
política, los acontecimientos de diciembre fueron sancionados con una brutal
represión. La crisis desencadenó una transición política que descargó los
enormes costos y ajustes del desplome neoliberal sobre las vidas de las
mayorías, ya severamente empobrecidas por el régimen caído. Conjuntamente con una
aguda recesión avanzó la desocupación, la exclusión, la marginación y la
pobreza; mientras la llamada “pesificación asimétrica” transfería ingresos a
los sectores más concentrados de la economía.
La historia abrió una
alternativa y una esperanza en el 2003. La extendida experiencia política que
denominamos “kirchnerismo”, como metáfora nominativa de una capacidad
transformadora de características propias, posee un doble carácter: se nos
presenta como la evidencia política e institucional de un heterogéneo subsuelo
popular irredento en incesante movimiento, capaz de establecer los núcleos
programáticos de una nueva etapa argentina, en plena ocasión de una crisis de
hegemonía de dimensiones y, a la vez, como un inusitado giro de la historia,
una inflexión sin coordenadas de arribo, un acontecimiento creativo que cambia
los parámetros amputados de una dinámica de poder sin destino posible mayor que
el de una tragedia que muta en parodia de sí misma. La figura de Néstor Kirchner
fue el epicentro de esa combinación. Asume la presidencia con un discurso
nacional y popular que se distancia del
camino industrial-exportador -desarrollista de derecha- que había
intentado desplegar la transición duhaldista. Las urgencias de la inclusión
social, del crecimiento del empleo y de la producción se concibieron, en el incipiente
proyecto, inseparables de la aspiración de reconstruir el mercado interno y
recomponer los ingresos de los sectores populares y medios. Al mismo tiempo, el
nuevo gobierno se piensa como heredero e intérprete de la movilización social,
viendo en lo popular no sólo los rostros de las víctimas del orden en crisis,
sino también de una organización de la que no se podría prescindir. Los
movimientos de desocupados fueron actores y partícipes de la nueva construcción,
junto a los trabajadores organizados y un múltiple escenario social y político.
La desarticulación del
último gran intento por emprender un proyecto de transformación nacional había
sido acometida por la dictadura terrorista de Estado, más de un cuarto de siglo
antes. Los comandantes y ejecutores de la represión masiva de aquella época se
encontraban impunes. Los primeros intentos de Justicia sucumbieron bajo las
leyes de impunidad. Pero en nuestro país se había desarrollado una inédita
construcción militante de Derechos Humanos. Heroica por parte de las Madres de
la Plaza, que en plena dictadura lucharon por la recuperación de sus hijos y
multiplicada luego en un vasto friso de militancias. Con la decisión de
desarmar el dispositivo de la impunidad el gobierno recuperaba las
reivindicaciones centrales de ese movimiento: Memoria, Verdad y Justicia y al
hacerlo se fundaba a sí mismo como una experiencia política radicalmente nueva.
El desarrollo de los juicios, la ejecución efectiva de cientos de condenas y la
constitución de una narración de los hechos centrada en la condena del
terrorismo de Estado, configuró un camino que debe seguir siendo profundizado
con la investigación de los civiles que colaboraron y fueron beneficiados -como
en el caso de Papel Prensa y otras 600 empresas- por lo tramitado en las
mazmorras concentracionarias.
El desendeudamiento con
el FMI y la restructuración de la deuda externa con una quita inédita; las
negociaciones salariales en paritarias que construyeron una dinámica de
recomposición de ingresos, y luego la estatización de la administración
previsional y la inclusión de millones de beneficiarios excluidos en el régimen
jubilatorio, trazaron un camino en el que la disidencia con las recetas de las
ortodoxias financieras se estableció en el plano de los hechos. La desarticulación
del ALCA marcó el nacimiento de una nueva política de integración regional que
se iría constituyendo en nuevas instituciones, con el Banco del Sur, la UNASUR
y la flamante CELAC. El latinoamericanismo dejaría de ser horizonte de deseo o
bandera justamente compartida para convertirse en definición de una política
internacionalista y regional.
II
En 2008 la nueva época
adquirió otros contornos, signados por el conflicto y el entusiasmo. El justo
proyecto de retenciones móviles a las exportaciones agropecuarias condujo a una
aguda confrontación del proyecto nacional con el bloque de poder que operó -y opera- como el agente interno de la
restauración del proyecto derrotado en 2001. Las corporaciones patronales del
campo resistieron y no estaban solas. Un tejido nuevo de poder económico se
había articulado en el agronegocio con ellas. Contaban con el apoyo de los
medios de prensa concentrados, emparentados ideológicamente y entrelazados en
los negocios ligados a la
Argentina reprimarizada del fin del siglo pasado. Se sumó
toda una oposición política variopinta que conjugaba discursos republicanos,
conservadores y “progresistas” para la ofensiva destituyente. Organizaciones
emblemáticas del empresariado industrial, como la UIA, beneficiarias de las nuevas políticas, no se
comprometieron con el instrumento que favorecía la diversificación productiva
del país, ya por ataduras con la persistente creencia neoliberal, ya por la
apuesta a un modelo centrado en la demanda externa, sustentado en salarios
bajos.
Los tiempos eran
agónicos y parieron nuevos actores en conflicto. Se constituyó el bloque que
afirmaría la continuidad de un proyecto que, si heredaba los movimientos
populares argentinos, también se mostraba prístino en sus diferencias y
fundamental en su novedad. Las organizaciones sindicales, sociales, de Derechos
Humanos, una buena parte del arco político progresista y de la izquierda no
peronista, se asociaron estratégicamente al futuro del kirchnerismo, que se
afianzaba como identidad política. Un frentismo de hecho defendía al proyecto
del intento de la restauración conservadora. Carta Abierta nacía en ese momento
de disputa como expresión de un tipo de militancia que consistía en tomar la
palabra colectivamente, procurar interpretaciones y asumir un compromiso
público. El conflicto era evidente: frente a un bloque que impulsaba la autonomía
nacional y la ampliación de derechos, se alzaba una coalición destituyente
promovida por la elite del privilegio.
El año 2009 supuso un
desafío de gran dificultad pero las fuerzas estaban templadas y el gobierno profundizó
las políticas reparatorias. La Asignación Universal por Hijo y
el programa “Argentina Trabaja” signaron ese momento. Coincidieron durante ese
año los efectos de la sequía y la primera fase de la crisis internacional que
fueron enfrentados con políticas y medidas que desafiaban las ortodoxias y
recomendaciones de los poderes internacionales y locales. Pese a que no
escaseaban los conflictos, el gobierno impulsó con fuerza otra reforma
estructural: una ley de servicios de comunicación audiovisual, que prescribe
límites a los monopolios y amplía el derecho a la información. Doblar la
apuesta, se constituiría en una marca de estilo frente a las adversidades.
En dos acontecimientos
del 2010 pudo verse el cierre de las dificultades mayores del período: en la
fiesta callejera de la conmemoración del Bicentenario y en la dolida y
colectiva despedida a Néstor Kirchner. Porque si en el primero se vio la
multitud reconocida en la nación que se conmemoraba -y esto es: no en abierto
conflicto con el gobierno que la representaba-; en el segundo fue la emergencia
de un compromiso activo y militante, descubierto junto con la propia fragilidad
de las vidas que lo habían incitado. Y si la fiesta del Bicentenario era la
contracara de la justa ira de diciembre del 2001; el duelo en la plaza reponía
una confianza en la política que era impensable diez años atrás.
III
Eso fue posible porque
la apuesta no fue leve y su horizonte fue la Igualdad. Que no es fácil de
definir aunque se advierta su búsqueda en luchas, movimientos, documentos,
leyes, hechos de gobierno. No es fácil porque se enlaza a otras cuestiones: la
de la Justicia, la Libertad. Elegimos, en este momento, llamar igualdad a las
posibilidades de una sociedad más justa con sus integrantes, menos esquiva de
lo fraterno y lo cooperativo, menos abrupta en el recorte de las libertades
para algunos. No se trata sólo de igualdad de oportunidades reclamada por el
liberalismo ni de distribución económica, aunque todo ello resulta
imprescindible. La ley del matrimonio igualitario -que lleva en su nombre la
cuestión que tratamos-, seguida por otras de muy reciente aprobación, evidencia
una virtuosa escucha legislativa de los reclamos y valores impulsados por las
minorías. El derecho al aborto, concebido como defensa de la autonomía de las
mujeres a definir sobre su cuerpo y su deseo a la maternidad -y ya no como
sumisión a la voluntad de un otro-, está en el horizonte de esas medidas que,
impulsadas por pocos, inauguran, sin embargo, otro estado de los valores, las
creencias y las lógicas que estructuran la vida social.
Si la Igualdad es el
horizonte de estas políticas, lo es como igualdad de los diferentes y reconocimiento
de la heterogeneidad. Lo es como ampliación de la ciudadanía, que se va
desplegando en un recorrido desde la inclusión -con las múltiples estrategias
de reparación social- hacia la Igualdad. No es poco lo que falta en este
sentido y seguramente nunca el camino estará cumplido. La Igualdad de los
diferentes debe ser también el signo de una democratización profunda de la
cultura, en la que las mayorías tengan acceso y se generen disposiciones al
conocimiento y el disfrute de lo creado por este país. Democratizar la cultura
no es sólo generar espectáculos masivos, es también crear las condiciones para
la renovación del gusto cultural popular y para el impulso hacia la emergencia
de nuevas y distintas expresiones. Hay mojones de este intento -como la ley de
medios y Tecnópolis- que debe ser profundizado y ampliado. Y no tratará más que
de intentos mientras la educación sea un territorio de reproducción de
desigualdades, con escuelas privadas subsidiadas y escuelas públicas que
tramitan con notables limitaciones las nuevas heterogeneidades.
Una nueva etapa del
proyecto nacido con la asunción de Néstor Kirchner en el año 2003 queda inaugurada
en los discursos de cierre de campaña de la Presidenta, en ocasión de la
victoria electoral y en el foro del G20. En ellos el ideal de la Igualdad y la
crítica del orden global del neoliberalismo resonaron como sus núcleos clave.
Posicionarse desde América Latina y el Caribe sin neutralidad ni imparcialidad
señala el alineamiento frente al poder central en el orden internacional y del
lado de las mayorías populares en la política nacional. No son aceptables las
interpretaciones de este triunfo electoral como el resultado de un modelo de
consumo y a la vez clientelar, del tipo del que signó los años noventa. Allí se
trataba de una política de dádivas en un proceso de exclusión, y el crédito a
los sectores medios, el dólar barato y la focalización arbitraria -constructora
de desigualdad- avanzaban con un discurso que naturalizaba la desaparición de
la política como herramienta de transformación. Se trata de la diferencia del
sufragio en una nación de ciudadanos respecto al voto en un mercado de
consumidores.
IV
El adelanto de un
quinquenio en Argentina y en buena parte de América Latina y el Caribe,
respecto del cambio de las condiciones de la economía mundial, generó mejores
condiciones para las respuestas frente a la profunda crisis que se despliega en
ésta. La histórica denuncia de las “relaciones asimétricas” en la reunión de
Mar del Plata que derrotó al ALCA y los proyectos de
constitución del Banco del Sur y del UNASUR, así como la desvinculación de las
políticas recomendadas por los organismos financieros internacionales,
precedieron a una crisis que tiene alcances inéditos, dramáticos y de fin
imprevisible.
El desplome financiero
conduce a la destrucción de un stock de capital ficticio inconmensurable que
provoca el desmanejo de las finanzas globales por los organismos creados para
ese objetivo. Las derechas de los países centrales se obstinan en profundizar la
lógica ultramercantilista en el funcionamiento de las economías, tanto en los
órdenes nacionales como en la esfera global. La democracia en los países
centrales emprende el retroceso a una formalidad sin ciudadanía, mientras el
poder financiero elige tecnocracias para dirigir a los países en riesgo. Las
instituciones que fueron origen y centro de la crisis intentan someter a su
cruda ley los presupuestos públicos y dar garantía de continuidad al
capitalismo en su forma de financiarización. Xenofobia excluyente y ajustes en
los presupuestos públicos; privatizaciones de empresas de servicios y
reducciones de salarios; despidos masivos y destrucción de lo que restaba de
los Estados de bienestar, configuran el nuevo rostro de los países centrales.
En el centro del mundo se diseña un escenario de incertidumbre y amenazas, del
que no están excluidas las intervenciones armadas que se excusan en “paradigmas
civilizatorios”.
El discurso presidencial
en el G20 impugnó el capitalismo financiero, la desregulación y la política de
precarización del trabajo. Una impugnación a la esencia del capitalismo
realmente existente. Implacable crítica hecha desde la jefatura de un gobierno
empeñado en construir una sociedad de derechos mientras ese capitalismo actual
los destruye en el centro del sistema global que construyó. ¿Habrá futuro para
el capitalismo? ¿Habrá futuro para la humanidad? ¿El anarcocapitalismo conducirá
a la barbarie?
Durante la última década
nuestra región ha comenzado a desarrollar, de manera creciente, una experiencia
económica, política, social y cultural esencialmente diferente de la verificada
en el occidente desarrollado. Se trata en esencia de un proceso político
dirigido a establecer una “sociedad de derechos” que es incongruente con las
sociedades de libre mercado. La preeminencia de lo político, tendencia
verificable en gran parte de las nuevas experiencias nacionales de América
Latina -con marcadas heterogeneidades indudablemente- supone un ejercicio
creativo de regulación pública creciente de aspectos económicos esenciales en
la cual la ciudadanía política recupera un lugar preeminente respecto de las
relaciones mercantiles no exentos de conflictos y contradicciones. El fracaso
del plebiscito popular en Grecia acerca de las recetas ortodoxas de ajuste
impuestas por el FMI, Alemania y Francia, permiten realizar un poderoso
contraste con la mayoría de los gobiernos latinoamericanos cuya soberanía
política en materia económica se acrecienta y complejiza a través de novedosos
entramados nacionales y de integración multidimensional. Si bien estos procesos
no están exentos de intrincados desafíos, asociadas a un exacerbado grado de
transnacionalización, gestión de recursos naturales y a complejos escenarios de
tensión distributiva, sus características distan de constituirse en evidencia
de la lógica del capitalismo central. La imaginación política regional, la
búsqueda de autonomía y la voluntad integradora esencialmente crítica del
neoliberalismo han abierto una variante de organización social cuya denominación
constituye aún una incógnita a dilucidar recurriendo a nuevos debates aún en
ciernes. Parece apropiado evitar referencialidades semánticas a pesadas e
irresueltas herencias, no renunciando sin embargo a recuperar del arcón de
posguerra la voluntad de las grandes gestas humanas que, a través de distintas
identidades, dirigieron su proa a idearios democráticos, populares,
independientes, igualitarios y libertarios.
No es fácil darle nombre propio al
tipo de sociedad que queremos, dice la Carta Abierta /10 y, ciertamente, ese
nombre aparecerá cuando se pronuncie colectivamente, en el interior de la
conciencia de miles y miles de personas. La unidad de
América Latina y el Caribe, que incluye el
rechazo a las conductas imperiales y a la anárquica desregulación financiera,
resulta en la urgencia de una autonomía no sólo justa, sino imprescindible,
frente al desastroso despliegue reaccionario en el centro del capitalismo
mundial. El paradigma de la igualdad adquiere una significación trascendente
como brújula en el clima de desazón de esta época.
La recuperación y
centralidad de la idea de igualdad representa una transformación cultural en
Argentina. El trazo grueso de los cantos de sirena del neoliberalismo fue el de
crecimiento y derrame: sin acción pública los estímulos de mercados y ganancias
conducirían a la ampliación y eficiencia productiva que desembocarían en la
reducción de la pobreza en una sociedad de desiguales para el “bien” de todos.
Sin embargo, el resultado fue el estancamiento y la exclusión.
Siempre ha existido una
relación contradictoria y tensa entre capitalismo e igualdad. La extensión de
los derechos civiles y políticos generalizó la ciudadanía formal, mientras que
esa expansión a la vez operaba como velo
de la desigualdad en el acceso a bienes y servicios. La idea liberal de un
ámbito público de la política alienado de un espacio privado reservado para la
economía, esteriliza la potencia de la primera para transformar la segunda. Ni
la igualdad sustantiva, ni la ampliación de derechos son cuestiones de
mercados, sino de ciudadanía. La primacía de la política sobre la economía, la
intervención pública en ésta, la sustitución del objetivo del crecimiento por
el del desarrollo y el privilegio ciudadano sobre la determinación
mercantil para elegir el destino
estratégico de una nación, son tributarios de una propuesta de profundización
de la igualdad. Ésta es la inscripción del paradigma de la igualdad proclamado
por la Presidenta como objetivo de esta etapa.
V
Desde el 2003 se produjo
una mejora sustantiva en la distribución del ingreso, tanto que Argentina
mejora los índices de la región en términos de equidad distributiva. Luego de
60 años en que nuestro país no salía de la regresividad de su sistema
impositivo, se ha alcanzado una leve progresividad. Las retenciones han
contribuido a ese cambio. Pero el régimen impositivo sigue siendo injusto
con el 20% más pobre de la población y reclama una reforma tributaria. El
impuesto a la renta financiera, la mayor progresividad del impuesto a las
ganancias, la reforma en el impuesto al valor agregado, la consolidación de las
retenciones (inclusive recuperando la idea de retenciones
móviles) son cuestiones pendientes.
El crecimiento del gasto
público ha contribuido a la mejora de la equidad. El significativo incremento
del presupuesto educativo y el aumento del gasto en salud contribuyeron a esa
mejora. La inversión realizada en esos campos requiere una renovación ahora
cualitativa: una atención que no descanse en la mejora de la infraestructura
escolar o sanitaria, sino en la formación docente y la renovación de
pedagogías; en el control a los laboratorios y en la generalización de un
sistema igualitarista de salud. La quita de subsidios a los ricos y a las
clases medias-altas que pueden prescindir de los mismos, también constituye a
la equidad distributiva. La reasignación presupuestaria al gasto social y a la
inversión pública es de estricta justicia. La campaña mediática que designa la
mayor carga como un ajuste tiene una marca clasista. No hay redistribución sin
recortes del ingreso de los más pudientes. Ajustistas son las políticas
recesivas y restrictivas que disminuyen la capacidad de consumo de las mayorías
populares, asociadas a recortes del gasto público y no a las reasignaciones
progresivas del mismo, que mantienen su nivel. Un cambio distributivo supone
modificaciones en la lógica de consumo y de la propia estructura productiva que
provee los bienes para éste.
La cuestión de la
igualdad comprende el esencial debate acerca de los sectores en pugna por la
distribución del ingreso. Los enfoques económicos que desde diversos sectores
apuntan a detener la política de incrementos salariales, ubicándola como causa
del incremento de los precios y la disminución de la competitividad externa, tienden
a imponer un orden injusto propio de la experiencia neoliberal pero esta vez
actualizándolo bajo la forma de una peligrosa heterodoxia de raíz conservadora.
Este aparente oxímoron -que puede no ser tal- consiste en propiciar una
creciente intervención estatal en materia económica pero amputando una de las
políticas que diferenciaron al período abierto en 2003 -asociado a la
recuperación de los convenios colectivos de trabajo y la dinámica sindical- del
programa económico encarnado por el duhaldismo en beneficio del poder económico
local y extranjero. Si se considera que la competitividad externa, luego de la
devaluación del peso argentino en 2002, fue explicada por fuertes
transferencias de ingresos desde los trabajadores y sectores vinculados al
mercado interno hacia los sectores medianos y grandes empresarios y
exportadores, más que por un incremento de la competitividad sistémica genuina
–sólo posible por saltos tecnológicos y productivos devenidos de una política
empresarial de fuertes inversiones que en el caso de las grandes empresas
tendió a no verificarse con el mismo dinamismo que en la década de los ’90 a
pesar de las comparativamente altas tasas de ganancias de los últimos años-, la
política de incrementos salariales sistemáticos propiciados desde el gobierno
nacional tendió a compensar esa transferencia inicial y distribuir los
beneficios de la acelerada creación de riqueza verificada. Con el fin de
preservar el carácter progresivo de la política pública –uno de los basamentos
del modelo económico- parece imprescindible encauzar el debate acerca de la
inflación y el tipo de cambio hacia los complejos escenarios de la puja entre
sectores sociales por la distribución del excedente, ejercicio que implica
analizar precios, tasas de ganancia, productividad, inversiones y salarios de
manera conjunta. Ello supone en sí una renovada acción estatal, tanto técnica
como política, sostenida por un debate público, como expresión evidente de la
metáfora presidencial de “sintonía fina”.
Mucho
se hizo en estos años en pos de la afirmación de la igualdad. Lo hizo un
gobierno componiendo a su alrededor un conjunto de alianzas. No fue menor el
lugar que tuvo y tiene en esa alianza el sindicalismo mayoritario.
Organizaciones remisas a revisar las lógicas de poder que las estructuran –y
que las lleva al reconocimiento de cercanías que son claramente corporativas,
como la defensa de algunos dirigentes que son juzgados por delitos económicos,
delitos inaceptables desde cualquier percepción efectiva de la defensa de los
derechos de los trabajadores-, pero al mismo tiempo forjadas en la protección
de los derechos de los asalariados formales. El grupo que hoy conduce la CGT se
templó en la resistencia de los años ‘90; y desde el 2003 para aquí articuló
alianzas al tiempo que sostuvo la mejora de los salarios y la ampliación de
derechos. Un contexto de expansión de la demanda laboral y de paritarias
reconocidas lo hizo crecer y afirmarse. Hoy aparecen, enfáticamente anunciadas,
oscuridades en esas alianzas.
No
es fácil, nunca, orientarse en las coyunturas que son pródigas en ambigüedades,
en componer hilos heterogéneos, en presentarse con rostros ambivalentes. Pero
todo ello no puede evitar una nitidez que sigue presente: la política argentina
sigue teniendo un trazo fundamental que distingue entre un bloque de la
reacción y un movimiento -complejo y múltiple- que apuesta por la igualdad. Es
inimaginable que los trabajadores argentinos y sus representaciones sindicales
elijan el camino de la reacción, arrojándose a los brazos de aquellos que hasta
ayer nomás se decían sindicalistas para defender intereses patronales o para
actuar como emisarios de la corrosión de la legitimidad institucional. Porque
la CGT conducida por Hugo Moyano no tiene nada que ver con un gastronómico de las
barrabravas ni con un dirigente de peones rurales que pone a sus afiliados como
carne de cañón para un paro patronal. Habrá nubarrones en la coyuntura,
oscuridades que opaquen la nitidez, habrá que renovar –para despejarlos- un
compromiso común, un compromiso hecho de tensiones, diálogos, conflictos y
disidencias pero sustentado sobre un acuerdo necesario: el de profundización de
la igualdad, el de ampliación de derechos.
VI
El paradigma de la
igualdad como el que se avizora requiere de la autonomía nacional. Un problema
central y estructural subsistente e intacto es la extranjerización de la
economía. La concentración más esa extranjerización, profundizadas
deliberadamente por las políticas neoliberales, contribuyen a una persistente fuga
de capitales. Durante los ‘90 se financiaba
con endeudamiento y hoy se lo hace con las divisas del superávit comercial,
conseguido como resultado de la actual política económica y de las
condiciones de la economía mundial. Así, el resultado del esfuerzo común
es girado al exterior por los más poderosos, que cuanto más ganan más giran. Las
constantes remesas de utilidades revelan que la igualdad no constituye un
objetivo exclusivamente social, sino un problema nacional. A la exigencia de
mayor inversión se agrega el requerimiento de renacionalizar la economía. Las filiales
de las empresas transnacionales orientan su política, mucho más, por las
necesidades y lógicas de sus casas matrices que por las definiciones, estímulos
y objetivos de la política económica local. Una nueva ley de inversiones
extranjeras es necesaria para proveer un marco regulatorio que permita al
Estado fijar políticas.
Pendiente está, en
función de la profundización de la igualdad, una legislación justa sobre la
posesión de la tierra urbana y rural. Los desalojos de los humildes y la
prepotencia de quienes los llevan a cabo han causado derramamiento de sangre y
muertes. La legislación necesaria implica un debate respecto del derecho de
propiedad, que por cierto se originó como todos los derechos civiles
como reivindicación de los más débiles frente a los más fuertes. La
conquista de los montes por parte de los sojeros tiene la misma
lógica que la conquista del desierto del siglo XIX. Se despliega como una
violación del derecho de propiedad comunitaria para la vida y la cultura de
comunidades enteras, destruyendo los derechos de los pueblos originarios y de
los campesinos para establecer otros nuevos, que protejan la apropiación de
medios de producción por una clase objetivamente vinculada con la restauración del
modelo derrotado en el 2001. Apropiación típica de los conquistadores, por
medio de la expulsión de campesinos de sus tierras. La solución del hábitat
urbano y rural es, tal vez, la que atendería los problemas de mayor injusticia
y violencia, resultantes de inequidades desgarrantes.
La marginación del ideario del
desarrollo, y su empobrecimiento al subsumirlo en los conceptos de crecimiento
y derrame, fue tributaria de la sanción de leyes financieras que retiraron al
Estado de la función de direccionamiento del crédito. Nuevas leyes que regulen
el funcionamiento de las entidades, las funciones del Banco Central –que
incluyen la recuperación del poder estatal para articular la política monetaria
con las otras políticas públicas- y los derechos, acceso y protección a los
usuarios del crédito significarán la derogación y el reemplazo de la que fuera
la ley de leyes de la política económica de la dictadura terrorista: la ley de
entidades financieras, y el de la carta orgánica del Banco Central, columna
vertebral de la financiarización.
La vibrante defensa de Cristina
Fernández de la gestión en Aerolíneas Argentinas, la estatización que dio
origen a AYSA y las diferencias de eficiencia en la gestión pública de los
fondos jubilatorios aplicados a proyectos de desarrollo, habilitan una vía de
profundización sostenida en la recuperación de la gestión empresaria del
Estado. Quedó agotado el discurso de la ineficiencia pública respecto de la
virtud de la privada. El desempeño del Banco Nación durante las crisis y en el
estímulo del crédito productivo, frente a la conducta lucrativa de corto plazo
de una banca extranjera especializada en créditos personales -colocados a altas
tasas-, muestra otro contraste que abunda en el fundamento del colapso de esa
creencia. El déficit de divisas devenido del empeoramiento del balance
energético, alerta sobre una defección exploratoria del capital privado en la
industria petrolera. La reinstalación de la centralidad empresaria estatal en
esos sectores no sólo atendería a requerimientos del proceso de desarrollo,
sino que también crearía condiciones para generar estrategias económicas que no
desdeñen el cuidado del medio ambiente a la vez que afirmaría el camino de la
autonomía nacional.
VII
Si se piensa en una sociedad de
derechos, es impensable avanzar sin la idea del plan. Una sociedad de mercados
es una sociedad sin plan, porque la organización de la misma opera
indirectamente por el peso de la pura correlación de fuerzas de los poderes
económicos. En cambio, la construcción de una sociedad de derechos requiere de
la participación ciudadana en las decisiones. Participación cuya fuerza quedó
demostrada en la forja de la ley de medios, en su discusión por múltiples foros
y en la creación de una sensibilidad social sobre su importancia. No debe ser
ese un caso aislado sino el umbral para políticas renovadas en las que se apele
a una capilar politización de lo cotidiano. O, dicho de otro modo, en el que se
conjugue la igualdad más profunda: aquella que nos hace sujetos políticamente
autónomos, capaces de opinar, juzgar, comprometerse y decidir.
Una sociedad
movilizada, una opinión pública capaz de forjarse en los debates y no en el
pensamiento único, una dirigencia capaz de asumir desafíos renovados, un vasto
conjunto de militancias heterogéneas y diferentes, configuran un escenario
promisorio para el año que se abre. Los desafíos son profundos y las
interpretaciones que se conjuguen deberán estar a la altura. No es tiempo de
tratos maniqueos con el pasado ni de juicios sumarios sobre la historia, más
bien lo es de recostar nuestra experiencia política sobre la diferencia que
establece con otros momentos pero también para que su complejidad ilumine la
complejidad del pasado. Porque somos enfáticos habitantes del presente, debemos
ser comprensivos visitantes de lo sucedido. A sabiendas de que los tiempos nos
exigen una imaginación política renovada y un compromiso colectivo para
pronunciar las palabras justas. Aquellas que nos permitan afirmar la igualdad.-
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