Vivimos un momento crucial. Hay operaciones que infunden terror hablando de “chavización”. Diputados que se bajan de lo que siempre sostuvieron. Una a una, las refutaciones a todas sus falacias.
1) Según Ricardo Roa, Editor General de Clarín, el proyecto de ley es “franquista”, “fascista” y “chavista”: el exceso de adjetivación no asusta tanto como la intención de identificar a un gobierno democrático (malo o bueno, según quién lo mire) con dos dictaduras sangrientas, como la de Franco (que produjo medio millón de muertos) y la de Mussolini (que se alió con el nazismo en la Segunda Guerra, provocando 56 millones de víctimas). Es una demasía. Nadie se imagina a Néstor o Cristina Kirchner bombardeando Guernica o gaseando minorías en aras de la pureza racial. Y sobre la acusación de “chavista”, Roa no puede ignorar que el proyecto oficial evitó puntillosamente parecerse en algo a la Ley de Radiodifusión que impulsó Chávez, tomando, en cambio, aspectos fundamentales de las leyes estadounidense, canadiense, francesa y española.
2) Este Parlamento es ilegítimo para tratarla, hay que esperar a los diputados que asumen el 10 de diciembre: este argumento, agitado por la oposición por derecha al Gobierno, es uno de los más peligrosos. Es casi golpista, porque deslegitima a los actuales diputados, que son los que hay. Cerrar el Parlamento hasta diciembre, que es lo que en verdad proponen, es atentar contra uno de los tres poderes del Estado: el Legislativo. La Argentina tiene un régimen presidencialista, no es como España o Italia, donde con cada variación legislativa se elige un premier. Aquí existe continuidad institucional. Un escenario donde con cada cambio de composición de las cámaras (que reflejan mayorías siempre circunstanciales) se revisen todas y cada una de las leyes en vigencia, consagraría la “inseguridad jurídica”, esa que tanto preocupa a la Embajada, al Pro y a los falsos liberales que supimos conseguir. Es tan sabia la Constitución que cuando hay elecciones de un nuevo presidente, igualmente debe cumplirse con el requisito, también constitucional, de enviar el Presupuesto del año siguiente antes del mes de octubre a cámaras que gozan de la misma “ilegitimidad” que se les adjudica a las actuales.
3) Es una ley K para controlar a los medios: muchos gobernantes, también los Kirchner, tienen una tendencia a confundir gobierno con Estado. Aceptemos que es una manía habitual de los políticos que tenemos. Lo raro de esta afirmación es que aquellos que dicen representar lo opuesto participen de la misma confusión: una norma siempre viene a regular algo y necesita de una autoridad de aplicación para hacerla cumplir. Si la nueva Ley de Medios sale, después de 26 años, se habrá sancionado una norma enviada por el Poder Ejecutivo, analizada y discutida por el Poder Legislativo, que enterrará al Comfer creado por Videla y Martínez de Hoz, que permite la discrecionalidad total, creando una Agencia Federal, de carácter democrático, que puede ser (como pide el oficialismo) dependiente del Ejecutivo con vigilancia parlamentaria, o autárquica (como pide Pino Solanas o Margarita Stolbizer), que controle el cumplimiento efectivo de lo que la sociedad, a través de sus representantes, decidió darse como ley. No se puede ser “legalista” o “anarquista” según convenga. El Estado es el Estado, las leyes son las leyes y los gobiernos, administradores momentáneos de la cosa pública.
4) Es una ley para regalarle el fabuloso negocio del “triple play” a las telefónicas, salimos del monopolio de Clarín y vamos hacia el monopolio telefónico: llama la atención que Silvana Giudici (UCR), tenaz opositora al proyecto oficial y una de las que alerta sobre esta posibilidad, tenga un proyecto propio –que pocos conocen– donde el ingreso de las telefónicas está prácticamente desregulado. Quien quiera leerlo puede acudir a Diputados y solicitar el expediente 16-D-2008, que reproduce el 4369-D-2006, de Giudici, donde sólo les exige a las telefónicas que exista otro servicio en la misma área, que los consumidores tengan opinión y que tengan un porcentaje superior al 20 por ciento de programación independiente de cada medio propio. Buenas intenciones, pero nada más. El proyecto oficial, en cambio, es bastante más riguroso: las empresas de servicios públicos están autorizadas a prestar conjuntamente telefonía, Internet y televisión (triple play) siempre y cuando cumplan con requisitos técnicos como la apertura de sus redes a otros prestadores, la portabilidad numérica (que el número telefónico sea de los abonados y puedan llevarlo de empresa a empresa), la apertura de sus redes troncales y la obligación de darle al resto de los operadores toda la información técnica que se requiera. Además, las obliga a crear unidades de negocio por separado, prohíbe los subsidios cruzados entre estas unidades y se sancionan fuertemente las conductas monopólicas. Y algo más: deberán tener un 70 por ciento de capital accionario argentino. Habrá mayor competencia y, quién les dice, hasta quizá bajen los precios del servicio, lo que siempre es muy bueno.
5) Ataca la libertad de prensa: lo que reduce el margen de opinión, en realidad, es la concentración económica. En el 2002, la UTPBA (el sindicato de periodistas de Buenos Aires) planteó que “no hay democracia informativa sin democracia económica”. El derecho a expresarse e informarse verazmente es un derecho de tercera generación, contemplado en pactos internacionales a los que la Argentina suscribe. Si en el pasado era el monarca el que decidía quién hablaba y quién no, si luego fue el empresario capaz de comprar la imprenta el que velaba por esto, las legislaciones más avanzadas de fines del siglo XX consideran que la sociedad hoy es la que tiene la custodia de este derecho propio y exige a los Estados que garanticen mediante normas desmonopolizadoras su plena vigencia. Si algo ataca a la libertad de expresión y a la prensa libre, es la discrecionalidad política y empresaria no reglamentada. El decreto ley 22.285, el de la dictadura aún vigente, luego modificado por varios decretos de Carlos Menem, permitió una concentración económica que es un verdadero atentado contra la pluralidad informativa. Si la nueva ley enviada al Parlamento ataca a la prensa, ¿qué se puede decir de este engendro que habilita a que una sola persona sea titular de 24 licencias de radio y TV y donde la autoridad de aplicación está integrada por servicios de Inteligencia de las tres armas y empresarios? ¿Un interventor del Comfer, elegido a dedo por el Presidente, como sucede hasta ahora, puede garantizar la libertad de expresión? La verdad, no. Salvo que, como Gabriel Mariotto, envíe un proyecto al Parlamento donde su cargo y el organismo que regentea desaparezcan. Lo que entra en crisis, en realidad, es la libertad de empresa entendida como multiplicación de la renta por vía de la ilegalidad, a costa de un derecho social. Donde no hay ley, ganan los más fuertes. Eso pasó durante todos estos años.
6) Es para destruir a Clarín: esto lo dicen Clarín y los ultrakirchneristas desvariados, y no deja de ser una falta de respeto a la militancia de todos estos años de hombres y mujeres integrantes de la Coalición por una Radiodifusión Democrática, autora de los ya famosos 21 puntos básicos por el Derecho a la Comunicación. Convendría, en todo caso, que los gerentes del grupo en cuestión lean lo que publicaron en su diario el miércoles 2, en la sección Tribuna, página 29. Es la opinión de Marcos Novaro, profesor de Teoría Política Contemporánea (UBA): “Conviene no sobrevalorar el sistema de medios que eventualmente resultaría afectado, y que dudosamente pueda ser descrito como el reino de la libertad de expresión. No sólo en el caso de Clarín, cuyo debilitamiento como grupo económico incluso puede que lo estimule a mejorar como empresa periodística, terreno en que su independencia de criterio declinó a medida que progresaba la suerte de sus inversiones”. Toda crisis es una oportunidad.
7) Cada dos años se van a revisar las licencias: falso. Se trata de una revisión de carácter técnico, para no estar reformando la ley cada vez que salga al mercado una nueva tecnología que altere las reglas de compatibilidad o multiplicidad de licencias. Es más, en el proyecto de ley queda expresamente aclarado, luego de las críticas que recibió el anteproyecto, que se preservan los derechos de los titulares de licencias o autorizaciones al momento de la revisión. Y si se sacara el artículo, ¿la oposición votaría la ley?
8) Le quieren dar el 33 por ciento a las ONGs para ampliar el sistema público por vía de cooptación con publicidad oficial: esta idea de que el kirchnerismo compra a los medios con dinero público está muy instalada y nunca suficientemente discutida. ¿Cuánto dinero público reciben, por caso, Clarín y La Nación en Papel Prensa y cuánto de publicidad oficial por año? ¿Cuántas industrias se pueden dar el lujo de tener, como ellos tienen, subsidiado su insumo básico por todos los contribuyentes? ¿Cuántas licitaciones del Estado nacional ganó Tinta Fresca para vender libros a los ministerios de Educación? ¿Cuánta pauta reciben Clarín y La Nación de los organismos descentralizados como la ANSeS y la AFIP? Y, sin embargo, ninguno de los dos diarios es oficialista. Con respecto al porcentual de ONGs que van a poder acceder a las licencias, es una buena noticia, porque regulariza situaciones de hecho y porque crea un nuevo sujeto público con derecho a opinar, generando una prensa no atada sólo al lucro. En la vida también hay otras cosas interesantes. Universidades, iglesias, sindicatos, asociaciones educativas, etnias diversas, entre otros, podrán ampliar la oferta de consumo cultural. Todo eso enriquece a la sociedad. La diputada Giudici, por caso, en su proyecto del que ya hablamos, proponía un porcentaje aún mayor que los K: el 40 por ciento.
9) La impulsa un señor como Mariotto, que cometió ilícitos con una radio trucha: esto es un chiste. La trayectoria de Mariotto es la de un académico militante, que en el pasado burló la ley de radiodifusión de la dictadura para hacernos escuchar un discurso alternativo al hegemónico, como se podía. El día que vaya preso por eso, somos muchos los que lo podemos acompañar, porque hicimos las mismas cosas. Y las volveríamos a hacer. El obispo de Mercedes, monseñor Agustín Radrizzani, que salió a criticar la ley, tiene la frecuencia del obispado en la que debieran difundirse las enseñanzas de la Iglesia concesionadas a un empresario privado que en la Capital Federal emite Radio Concepto. ¿Acaso eso no es trucho? Y De Narváez, opinando como juez y parte. Vamos.
10) Los Kirchner no son creíbles porque en Santa Cruz armaron una prensa adicta: los que les niegan a los Kirchner espesor moral para impulsar una nueva Ley de Medios confunden lo accesorio con lo importante. Un secretario privado del ministro de Guerra de Agustín P. Justo, que alguna vez viajó a Italia y quedó sorprendido por Il Duce, cierto día llegó a presidente y mandó sancionar por un Parlamento democrático las “leyes sociales” por las que peleaba un socialista como Alfredo Palacios. Estas siguen vigentes hasta hoy. Los antecedentes no ayudaban a Perón, es cierto, pero el prejuicio tampoco a comprenderlo.
11) Los Kirchner extendieron las licencias y favorecieron la concentración, no hay que creerles ahora que quieren hacer lo contrario: esta supuesta ambivalencia empuja a muchos a refugiarse en la desconfianza, que es un buen lugar para nunca equivocarse y para nunca acertar. Criticar a los Kirchner por lo que hicieron en el pasado y volverlos a criticar cuando hacen lo opuesto es un argumento esquizoide. Si estaba mal lo de antes, lo de ahora debería ser lo bueno. ¿O no?
12) Van a lloverle juicios al Estado: quizá. Lo mismo se dijo cuando se devaluó, se renegoció la deuda y se modificaron los contratos con las privatizadas. Pasaron siete años y todavía el Estado nacional no erogó un solo centavo en concepto de indemnización.
13) Es una ley extorsiva: el 31 de agosto, un decreto oficial canjeó todas las deudas impositivas y previsionales a los dueños de los medios por publicidad oficial. Un gobierno que quisiera extorsionarlos habría utilizado estas deudas para ponerlos contra la espada y la pared: quiero buenos titulares, a cambio de no ejecutarte. Esto tampoco pasó.
14) No es un buen momento para debatir la ley, hay otras urgencias: en los últimos 26 años nunca hubo un “buen momento”. ¿En serio alguien cree que si no se distribuye la palabra los otros problemas más urgentes se pueden solucionar? Este argumento lo único que busca es perpetuar el statu quo. ¿A cuánto cotiza esta semana la preocupación por la pobreza de los gerentes noticiosos del sistema tradicional de medios?
15) Le quieren dar una radio a Moyano, que la va a usar para hacer propaganda: esto lo dijo María Eugenia Estenssoro, la diputada de la Coalición Cívica. Está tan naturalizada la idea de que si un medio es de un empresario está bien y si, en cambio, lo maneja un sindicato es algo corrupto, que lo dijo y nadie le dijo nada. Pero es un comentario discriminador. Y conste que los que hacemos esta revista estamos más cerca de Tosco que de Rucci.
16) La autoridad de aplicación va a responder al Ejecutivo: lo que responde al Ejecutivo hoy es el interventor del organismo creado por una dictadura. Esto es lo grave. El organismo democrático que vendrá a reemplazarlo, sea autárquico como quieren unos, o sea dependiente del Ejecutivo con control parlamentario y presencia de las minorías, como quieren otros, es mucho mejor que lo que tenemos.
17) Es un traje a la medida del kirchnerismo: hablando en serio, esta ley beneficia más a los que vengan a gobernar después de los K que a los K. Ni ellos mismos estaban convencidos de mandarla. Un largo proceso los convenció de hacerlo. El año pasado, después del lockout agropecuario, cuando con alguna tibieza se comenzó a hablar de una ley que reemplazara a la de la dictadura, esta revista hizo una tapa. Dijimos entonces que la votaban en 60 días. Fue un papelón.
18) No hubo discusión pública: lo más vergonzoso de este planteo es que proviene de los mismos que durante todos estos meses fueron incapaces de dar publicidad al debate en sus propios multimedios, invisibilizándolo. Jugando a que el Gobierno se arrepintiera. Escamoteándoles a sus audiencias la trascendencia del debate. ¿Dónde se divulgaron los foros provinciales? ¿Y los “Café Cultura” donde se discutió el anteproyecto? Hablemos en serio: desde el 1 de marzo del 2009, fecha de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, cuando Cristina anunció el envío del proyecto de ley, durante cuatro meses, el diario Clarín publicó 77 notas sobre el tema, de las cuales sólo 3 fueron informativas. De las 74 restantes, 10 estuvieron en su sección editorial y columnistas propios y 64 se les ofrecieron a los lectores del diario incorporando el punto de vista sesgado de su gerencia como si fuera información desopinada en secciones como El País, Medios y Sociedad. En todos los casos, se omitió prolija y calculadamente informar sobre algún aspecto positivo de la nueva ley. Dice el filósofo Zizek: “La lógica misma de la legitimación de la relación de dominación debe permanecer oculta para ser efectiva”. Vaya si ocultaron su propósito. Si eso no es poder, qué es. El poder de manipular.
19) No beneficia en nada a la gente: si pensamos que detrás de un sindicato hay gente y lo mismo sucede detrás de una radio comunitaria, de un diario independiente; si creemos que detrás de un diario, una TV o una frecuencia radial hay audiencias que escuchan y quieren hacerse oír; si leemos el proyecto y descubrimos que el cable, por ejemplo, va a ser considerado un servicio público, lo que obliga a las prestadoras a dar una tarifa social; si en serio pensamos que habrá nuevos jugadores, es decir, mayor competencia y eso puede llegar bajar los precios de esos mismos servicios, evidentemente la gente se beneficiaría. Hagamos un ejercicio: tomemos todos los servicios que llegan a nuestro domicilio. Veamos cuánto pagamos por cada uno de ellos, en forma mensual o bimensual. Ahora bien, tomemos la boleta mensual de Cablevisión y Fibertel. ¿Lo descubrieron? Sí, es el servicio más caro y abusivo de todos los que pagamos.
20) No va cambiar nada: ¿Y si pensamos que puede cambiar mucho? Pesimismo de la inteligencia, optimismo de la voluntad.
21) Es para apretar a los periodistas: sin duda la relación con los periodistas podría ser mejor. Pero quizás, algún día, los periodistas podamos hablar claro sobre todos los aprietes que sufrimos y que no provienen, precisamente, de los funcionarios de turno. Hay algo que es cierto: a mayor discrecionalidad, mayor riesgo. A menor discrecionalidad, el riesgo baja. La ley es clara: no permite censuras, ni persecuciones. Sólo hay que hacerla cumplir.
22) Es una pelea entre patronales, que no beneficia a nadie: este es el argumento de la izquierda maximalista, reciclada en módica inspectora de revoluciones que se acostumbraron a ver por televisión. Ahora van a tener más canales.
23) Esta ley no recoge el consenso de los argentinos: falso. Esta ley retoma los principales aspectos de las conclusiones del Consejo para la Consolidación de la Democracia, del gobierno de Raúl Alfonsín; es casi idéntico al proyecto presentado por la diputada del GEN Margarita Stolbizer, y resume los principales aspectos del proyecto de ley presentado por la radical Giudici. Sin embargo, el partido de Gerardo Morales insiste en oponerse al proyecto. Hay radicales que no cambian más: hablan como Alem para después votar como Alvear. En fin.
Por Roberto Caballero - Director de revista Veintitrés
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